La entidad considera que la medida supone el inicio de un sistema sanitario paralelo que pone en cuestión los derechos humanosCáritas España ha denunciado este miércoles la desprotección que supondrá para los inmigrantes irregulares el pago de más de 700 euros para acceder al sistema de salud pública. Por ello insta al Gobierno y a los partidos políticos a hacer una reflexión profunda sobre las consecuencias que puede tener la medida que empezará aplicar el Gobierno a partir del 1 de septiembre.
Cáritas ha expresado su “honda
preocupaciónï” por el impacto que tendrá la medida “en las personas más
vulnerables” y cree que el Gobierno está tomando decisiones “sin una
reflexión que permita la evaluación del impacto sobre el sistema de
garantías de derechos en el que se sustenta la sociedad”. Recuerda que
el Estado debe garantizar “los derechos fundamentales” de los más
débiles y que la medida afecta a un cambio de modelo que desprotege aún
más “a las personas más vulnerables”.
“Seguimos pensando que supone un cambio de modelo que afecta
fundamentalmente a las personas más desprotegidas, aumentando la
estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de
exclusión social. Además, la exclusión del sistema sanitario de las
personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy
severo a un colectivo especialmente vulnerable”, explica Cáritas.
La entidad considera que la iniciativa supone el inicio de una
dualización del sistema sanitario por “ofrecer a los ciudadanos una
cobertura distinta según el grupo de población al que se pertenezca”. De
esta forma, los responsables de Cáritas consideran que “se están
sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de
beneficencia para las personas más vulnerables, que pone en cuestión la
garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a
los servicios de atención sanitaria”.
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